La Justicia, que anuló la plusvalía municipal cuando no había aumento de valor, la anula también cuando sí se ha registrado ese aumento. La nueva sentencia es del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Barcelona. ¿Por qué lo anula? Porque el gobierno no ha reformado ese impuesto, como exige la sentencia del Tribunal Constitucional de mayo de 2017, que anuló el impuesto para los casos en los que no existe un incremento de valor. Como el Gobierno no ha reformado el impuesto, no existe forma de liquidarlo. Así que cualquier liquidación debe ser anulada. Desde Martín Molina hemos gestionado reclamaciones en el caso de pérdidas, y comentamos esta nueva vía que abre la vía a reclamar devoluciones en el caso de  ganancias.

El juzgado rechaza los argumentos de la Diputación de Barcelona que proponía suspender la ejecución del impuesto y esperar a que exista una nueva ley. La jueza que firma la sentencia recuerda que esa maniobra de “suspender un impuesto” no está prevista ni en la Ley de Jurisdicción Contencioso- Administrativa ni en la Ley de Enjuiciamiento civil. Así que esta sentencia abre el camino para que los contribuyentes que hayan obtenido un beneficio en la venta de inmuebles recurran la liquidación del impuesto hasta que no entre en vigor la reforma.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha pedido al Gobierno que reforme la plusvalía municipal por la vía de urgencia y que se les compense por esta situación. En junio del año pasado la FEMP planteó dos iniciativas: la primera, convertir la plusvalía en un impuesto a cuenta como la Renta, y la segunda, la creación de unos coeficientes de variación del mercado inmobiliario que se incorporarían a la base imponible. En este supuesto, es el contribuyente el que debe demostrar que no ha habido plusvalía. Esta es la vía por la que se ha decantado el Ministerio de Hacienda a pesar del descontento de los ayuntamientos, liderados por Madrid y Barcelona, que piensan que pueden salir muy perjudicados con el cambio.

Esta segunda opción está incorporada en un borrador que Hacienda ha remitido a los grupos parlamentarios. En este modelo, Hacienda calcula que Madrid dejará de ingresar cerca de 121 millones de euros al año, y Barcelona, 37 millones.

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