El comienzo de este 2018 ha abierto un nuevo capítulo en todo lo que tiene que ver con la transparencia de las empresas, en materias de gobierno, social y ambiental. El diálogo con los mercados y los grupos de interés, es decir con los “públicos” de nuestras empresas debe mejorar. A partir de este año debemos tener en cuenta la Directiva de Información no financiera, lo que nos obliga a incluir políticas sociales, ambientales, laborales, y de prevención contra el soborno y la corrupción.

En noviembre entró en vigor el Real Decreto que traspone la Directiva europea de información no financiera y que ha obligado a cambiar el Código de Comercio, la Ley de sociedades de capital y la Ley de Auditoría. El propósito de esta norma es el de mejorar la confianza de inversores y consumidores a través de la ampliación de información en aspectos que no sean estrictamente financieros, como las cuestiones ambientales, las políticas sociales, la lucha contra la corrupción o el respeto de los derechos humanos.

¿Qué empresas tendrán que elaborar estos “informes especiales”? Aquellas que superen los 500 trabajadores; aquellas que tengan más de 250 empleados de media durante dos ejercicios, las que tengan un volumen de negocio superior a los 40 millones de euros, o aquellas cuya matriz tenga sede en un país comunitario.

El informe debe incluir un repaso detallado de los riesgos ambientales y sociales, y los relacionados con la plantilla (políticas de igualdad, condiciones de trabajo, diálogo social) , pero también de aquellos relacionados con la cadena de suministro, sobre todo si se trata de minerales provenientes de zonas de conflicto. Se incluye también información sobre efectos ambientales de la actividad industrial, el uso de energías renovables y consumos de agua, y las emisiones que contaminen. En España la obligatoriedad de este informe afecta a unas 600 empresas.

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